La investigación en el caso de la niña María Mamani establece malos procedimientos y uso indebido de medicamentos
Auditoría médica descubre errores
Informes: la Comisión de Política Social convocó al Ministerio a una audiencia pública el mes pasado . La auditoría médica externa al caso de María Mamani (11), quien murió luego de haber recibido anestesia general en el Hospital del Niño, reveló que el médico anestesiólogo y la enfermera que atendieron a la menor no habían cumplido los procedimientos y que la niña no había recibido los medicamentos adecuados cuando sufrió un paro cardiaco.
Luego de recibir el informe de auditoría médica, El Mininsterio de Salud ordenó un sumario administrativo a los involucrados que puede derivar, como máxima sanción, en el despido del cargo.
“En este caso, según la sugerencia (de la auditoría), y nosotros ya hemos dado la orden, se va a hacer un sumario administrativo a los probables responsables de esto”, confirmó ayer la ministra de esta repartición de Estado, Nila Heredia.
La auditoría revela que la niña, quien recibió anestesia general para que se le extrajera un tornillo y placas ortopédicas de su pierna izquierda, había sido internada el 10 de enero de este año (en el informe hay una contradicción que indica, primero, que fue en 2005) y falleció el 19 de ese mismo mes.
Después de la extracción de las piezas, necesarias para curar una fractura de fémur, María sufrió un paro cardiorrespiratorio en la sala de recuperación. Por eso se le administraron medicamentos, pero no los que correspondían.
Posteriormente, la niña fue transferida a Cuidados Intensivos con el diagnóstico de “encefalopatía hipóxica isquémica secundaria” (falta de oxígeno en el cerebro), luego sufrió muerte cerebral y falleció.
Irregularidades
La auditoría médica concluye que no hubo control ni monitoreo preanestésico y postanestésico, establecidos en la norma boliviana, ni de los signos vitales y condiciones generales después de la operación.
Además, “la medicación instaurada en la sala de recuperación para reanimación con oxígeno a presión positiva por IOT, bicarbonato de sodio, hidrocartisona, furosemida, no corresponden al paro cardiorrespiratorio y los diagnósticos de UTI (Unidad de Tratamientos Intentivos) y de fallecimiento”, señala la auditoría.
Eso significa que, cuando fue detectada la insuficiencia cardiorrespiratoria, los profesionales al cargo de la paciente no le administraron los “medicamentos más indicados o adecuados a su situación. Esto depende del tipo de intervención al que fue sometido el paciente”, explicó un médico que pidió que su nombre no fuese publicado.
Entre las irregularidades detectadas se informa que “no existe registro preanestésico y postanestésico” de la intervención a María, y que el manejo de control y monitoreo postanestésico tiene “registro escueto en hoja papel blanco diagramada con puntabola, registrando frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria (...) en el rango de normalidad”.
El informe del Inases agrega que tanto la enfermera de la sala de recuperación como el médico anestesiólogo incumplieron normas establecidas en el manual de funciones y la norma boliviana de anestesiología, respectivamente.
“Hay toda una norma que deben seguir que establece los procedimientos para cuando un paciente sale del quirófano y sale de recuperación hasta que recupere la conciencia. No se ha cumplido con el protocolo”, aseguró el médico consultado por La Prensa y agregó que, según el informe, no hubo un buen seguimiento del paro cardiorrespiratorio que ocasionó la hipoxia cerebral.
También se develó que no existe correlación escrita de “causalidad del evento adverso”, es decir que los informes presentados en la sala de recuperación no corresponden a lo sucedido o no están completos, y “el registro documentado del manejo farmacológico” no corresponde al protocolo para reanimación cardiopulmonar.
Proceso
Por todo lo analizado, el Inases recomendó la “apertura de proceso administrativo institucional” de los profesionales que intervinieron en la atención de la niña: el Jefe de la División Anestesiología y Quirófano y la encargada de la sala de recuperación del Hospital del Niño.
El proceso consiste en convocar a la gente relacionada con el caso a declarar en torno a lo sucedido, puesto que tiene derecho a la defensa, y explicar las condiciones en las que se realizó la intervención.
Se toman las declaraciones y sobre la base de las respuestas se realiza un peritaje, luego el tribunal establece las sanciones, que pueden ir desde una severa llamada de atención con suspensión del salario por un mes hasta la exoneración del cargo.
Todo este proceso se ciñe a las normas internas del Colegio Médico de Bolivia, lo que no excluye que los familiares apelen, a partir de los resultados de las auditorías y sanciones, para que el proceso sea derivado a la justicia ordinaria.
La auditoría a María Cristina es la más reciente encargada por el Ministerio de Salud sobre un caso de presunta negligencia médica.
Los médicos del Instituto Nacional de Seguros de Salud aún elabora la auditoría médica externa al caso de Jhoselin Poma, una bebé de dos meses y una semana que falleció en el Hospital Juan XXIII.
Comisión de Diputados consensúa proyecto de ley
El presidente de la comisión de Política Social de la Cámara de Diputados, Guillermo Mendoza, informó que esa instancia continúa en procura de consensos con varias instituciones relacionadas con salud y con los familiares de las víctimas de negligencia médica para elaborar el proyecto de ley que penalice dicha situación.
Inicialmente esa comisión empezó con la elaboración de una directriz que establece la interpretación de algunos términos médicos éticos que fueron consensuados en un proyecto de ley.
Sin embargo, los términos están siendo dados a conocer a distintos sectores. Ya se sostuvo una reunión informativa con los representantes del Colegio Médico de Bolivia, dijo el parlamentario de Unidad Nacional.
Mendoza anunció otra reunión con el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Seguros de Salud (Inases) prevista para entre el miércoles y el jueves de la próxima semana.
El diputado confirmó también que su comisión continúa recibiendo denuncias sobre presunta negligencia. Hasta el momento, se han recibido 15, entre verbales y escritas.
Sin embargo, dijo que no en todos los casos se efectuó una auditoría y que muchas de la víctimas con el dolor de la pérdida de sus familiares desistieron en su propósito y no tomaron acciones. Además, su mayor deseo es el de lograr una legislación que permita cumplir ley.
Mendoza dijo que una de las principales limitantes de la Comisión de Política Social para agilizar el proyecto de ley es la falta de tiempo debido a las sesiones relacionadas con la Asamblea Constituyente.
En febrero, la Comisión de Política Social de la Cámara de Diputados convocó a autoridades del Ministerio de Salud a una audiencia pública para que informasen sobre las auditorías externas hechas por el Inases a los casos de Brenda Claros y Yokito Jenyan.
Dos casos
Brenda Claros fue operada en noviembre de 2005 en el Hospital Obrero II de Cochabamba.
La niña de cuatro años fue operada por una tendinitis en la mano derecha.
La menor sufrió un paro luego de la cirugía y su caso derivó en apoplejía.
La niña poco a poco se ha recuperado. Está en EEUU recibiendo tratamiento oftálmico.
A Yokito Jenyam se le inyectó un compuesto para tomarle una radiografía por contrastes.
Ella murió en el Hospital Obrero I en enero de este año. Los dos casos fueron auditados.
Colegio médico critica posible norma
Santa Cruz / El Deber
El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Fernando Arandia, criticó la intención de la Comisión Política Social de la Cámara Baja de penalizar la negligencia médica y señaló que la Ley 3131, del Ejercicio Profesional Médico, no tiene nada que ver con el tema, pues sólo norma y rige el trabajo de los galenos en el país.
“No es propósito del ente colegiado encubrir ni socapar a ningún médico, el tipo que mata a otra persona tiene que ir a la cárcel”, manifestó.
Aseguró que los casos de negligencia médica ocurridos en Bolivia son equiparables con los que se registran en otros países y que el 80 por ciento de estos casos no son negligencia médica sino negligencia del sistema de salud, porque el Estado no da las condiciones adecuadas para que los profesionales del área puedan realizar su trabajo.
El presidente de la Asociación de afectados por negligencia médica de Bolivia, Julio César Soliz, indicó que han pedido la anulación de la Ley 3131 porque no fue consensuada con la sociedad civil y porque tampoco hace justicia a las víctimas.
Fuente: Ministerio de Bolivia
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