JUICIO CONTRA MORÍN ...
Carlos Morín imputado por 115 abortos ilegales: la juez afirma
que tenía un “elevado nivel de vida”
Muchos de los abortos se practicaban a embarazadas de seis,
siete u ocho meses de gestación. E-cristians valora el papel de la Guardia
Civil y “aunque ha tardado mucho” considera el auto “bien enfocado”
Juan Francisco Jiménez Jacinto
La titular del Juzgado de Instrucción número 33
de Barcelona, Elisabet Castelló Fontova, ha imputado al médico peruano Carlos
Morín Gamarra y a una docena de sus colaboradores un total de 115 abortos
ilegales
más allá de las 14 semanas de gestación, presuntamente practicados en sus dos clínicas -TBC y Ginemedex- en 2007, tras finalizar la investigación del caso.
más allá de las 14 semanas de gestación, presuntamente practicados en sus dos clínicas -TBC y Ginemedex- en 2007, tras finalizar la investigación del caso.
La magistrada insta a que los acusados sean juzgados por posibles
delitos de aborto ilegal, falsedad documental, intrusismo y asociación ilícita.
Según afirma el auto, Morín practicó directamente, o por medio del
personal médico que tenía a su abasto “intervenciones para la interrupción del
embarazo a una pluralidad de pacientes, siendo ilegal en todos los casos”, ya
que, según detalla la juez, no se cumplían los requisitos exigidos en la
antigua ley -peligro alguno para la vida y salud de la embarazada, violación o
graves taras físicas o psíquicas del feto-.
Además, los 115 casos que recoge el auto y en los que considera
indicios de criminalidad tampoco cumplen las condiciones de la nueva Ley del
Aborto, que a iniciativa del PSOE entró en vigor en julio de 2010. La razón es
que los 115 abortos realizados por encima de las 14
semanas de gestación siguen siendo legalmente irrealizables en España salvo que
se den los tres presupuestos anteriores.
“Sólo procede excluir de la presente resolución las IVES
[Interrupción Voluntaria del Embarazo] que se practicaban en gestantes de hasta
14 semanas de evolución, por haber quedado excluida tal conducta de la sanción
penal según la expresada reforma operada por LO 2/2010, ya que debe operar el
principio de retroactividad de la ley penal más favorable al reo”, aclara el auto.
Entre los 115 supuestos casos de abortos ilegales que se le
imputan al doctor Carlos Morín y a doce personas de su equipo se pueden
observar alrededor de 60 abortos realizados a fetos de 22 semanas (cinco meses
y medio) “por lo menos”, según la jueza; también constan varios de 26 semanas (6 meses), 7 abortos de 27,
28 o 29 semanas (7 meses) y, sorprendentemente, un caso de 30 semanas (siete
meses y medio) y otro de 32 semanas (ocho meses).
Morín contaba con “ingentes ingresos”
El auto constata que existía “un concierto entre los diversos
imputados en la presente causa”, esa asociación “permanente” estaba
constantemente ordenada y controlada de forma estricta por Morín. El auto
explica que a través de la gestión económica de la esposa de Morín, María Luisa
Duran Salmerón se obtenían “ingentes
ingresos en metálico” con los que “atendía las
necesidades y gastos de material y personal de las expresadas clínicas y podía mantener así un elevado nivel de vida
disponiendo como vivienda una lujosa mansión en […] Sant Cugat del Vallés”.
Tras finalizar la instrucción, la juez ha instado a las
acusaciones -el Ministerio Fiscal, y las acusaciones particulares Asociación
E-Cristians, Alternativa Española, Colegio de Médicos de Barcelona y Centro
Jurídico Tomás Moro- a que formulen escrito de acusación para abrir el juicio
oral o pidan de forma excepcional la práctica de alguna otra diligencia.
El Caso Morín generó revuelo en la opinión pública, tras conocerse
que el médico peruano había practicado abortos a menores de 13 años;
presuntamente utilizaba máquinas trituradoras para deshacerse de los fetos; los
ginecólogos que trabajaban para Morín cobraban hasta 8.000 médicos al mes, y
que el médico, aquejado de la infección del VIH, practicaba las operaciones con
otro nombre.
E-Cristians considera el auto “bien enfocado”
Una de las partes implicadas en este proceso, personada como
acusación particular, es E-Cristians. También están personadas como acusación
Alternativa Española, el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona y la
Asociación Tomás Moro.
El presidente de E-cristians, el ex consejero de Agricultura de la
Generalitat de Cataluña Josep Miró i Ardèvol, ha manifestado su complacencia
con el auto de la jueza y “aunque ha tardado mucho lo consideramos bien
enfocado”.
Miró i Ardèvol, miembro del Pontificio Consejo para los Laicos, ha
confirmado que sus abogados están trabajando para preparar la petición” y ha
valorado que será “con diferencia el caso más grande que juzgará España sobre
el aborto y el primero en el que se considerará el delito de asociación
ilícita”. “A pesar de que han hecho una ley a medida de las clínicas abortistas
-continúa- la afectación de esta ley (como se ha podido ver en el auto) sobre
este auto es mínima”.
En este sentido, según E-cristians, la Guardia Civil realizó “una
investigación muy eficaz e inteligente” debido a que se centró “en los casos
que suponían abortos de embarazos con más meses e inmaduros”. Estos abortos,
según el código penal holandés están considerados como homicidios.
Miró i Ardèvol valora que “lo único que nos duele es la lentitud
de la justicia porque ahora seguramente, por la magnitud de la inculpación
penal, esto pasará a la Audiencia, y con mucha suerte tendremos juicio de aquí
a nueve meses o un año”.
“El caso Morín –prosigue- es una manifestación de la situación escandalosa en la que vivía y
vive España, que no es tanto de legislación como de absoluto descontrol en las
clínicas privadas las cuales, convirtiendo
el aborto en un negocio, hacen lo que quieren sin ningún tipo de intervención
de los poderes públicos”.
En este sentido, el presidente de E-cristians considera que en
este “hacer lo que quieren” son tan cómplices gobiernos del PP como socialistas
“porque la sanidad, hay que recordarlo, está transferido a las Autonomías”. “Una
cosa es la nueva Ley del Aborto, que es responsabilidad del gobierno y otra
cosa es el control que nosotros pedimos sobre las acciones de las clínicas
privadas, que es responsabilidad de las comunidades autónomas”. Miró i Ardèvol
considera que la actual Ley que rige el aborto en España “es una ley insólita
en Europa y es una ley claramente impresentable”.
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